Traducción de un artículo publicado el jueves en varios periódicos
económicos alemanes, por su corresponsal en España
Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.
En Alemania crece la critica contra la
supuesta "mentalidad de fiesta" de los españoles; en España los
medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la
canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo
que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es
Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con
Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.
España no debería recibir más dinero sin que
se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una
oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que
se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no
perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el
Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades
autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera
de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.
Este tema es la clave del futuro de España,
porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los
dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en
2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se
realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente
inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con
lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la
población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la
pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de
trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le
falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes
pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer
nivel.
La razón de la enfermedad de España es un
modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción,
impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías
financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a
su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia
del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los
partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía
sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el
desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse
educación y sanidad.
Las ayudas para España, igual que para otros
posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota
y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000
millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el
Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en
vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de
recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de
esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la
siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.
Control estricto y duras condiciones. Ya el
caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar
vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no
pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos,
como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se
tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es
mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más
relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan
escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una
conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas
tan increíblemente venales.
La pasada semana el ministro de
Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en
Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer
descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido
asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones
de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta
probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede permitirse por más tiempo este nivel
de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados
independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17
servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50
canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas
públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar
deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En
conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran
anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
Y con esto se tiene que acabar, entre otras
cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas
conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio
ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE
para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo
realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa.
101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y
precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos,
que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.
El tema del déficit público es algo que roza
la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos
últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el
déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno
dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se
tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se
dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a
Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran
erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que
el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del
9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más;
o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no
han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas
infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en
2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de
Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia
hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española
tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían
interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una
Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible
el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de
las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del
Plan Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema
oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora
muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa
situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más
injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo
literalmente aniquilada.
Resumiendo: no es una falta de voluntad de
trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que
hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema
corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para
un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas.
En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y
corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
*Stefanie Claudia Müller es corresponsal
alemana en Madrid y economista;
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